La salida al dilema constitucional

Juan Cristóbal Portales

Superado el plebiscito, la mesa de trabajo constitucional radicada en el Congreso avanza hacia horas críticas y el gran nudo para agilizar el proceso está en la definición del órgano encargado de redactar la nueva propuesta constitucional. Ciertos actores temen que un nuevo órgano 100% electo termine nuevamente con una sobre representación de fuerzas de carácter populista al alza. Y luego, con un nuevo proceso tensionado, irracional y de resultado incierto.

Si bien dichas aprensiones pueden tener asidero, sobre todo a la luz de la escasa valoración de los partidos y parlamentarios negociadores, el error está en contemplar o centrar la discusión nuevamente en un único órgano deliberativo como solución a nuestro dilema constitucional.

“El error sería centrar la discusión nuevamente en un único órgano deliberativo como solución a nuestro debate constitucional. La solución parece estar en la distensión de los conflictos y desacuerdos por la vía de implementar múltiples órganos de elaboración”.

Porque si revisamos evidencia reciente de países donde se ha rechazado una primera propuesta constitucional surgida de órganos constituyentes 100% electos (Zimbawe o Kenia), o se han generado grandes divergencias sobre el camino para alcanzar una Constitución (Islandia o Sudáfrica), se verá que la solución parece estar en la distensión de los conflictos y desacuerdos por la vía de implementar múltiples órganos de elaboración. Recurrir a diversas instancias pareciera, además, aumentar la legitimidad general del proceso de elaboración de una Constitución, tal como lo evidencia un reciente informe de la Fundación Max Planck para el Estado de Derecho y la Paz Internacional puesto a disposición de la comisión constitucional parlamentaria.

Lo contrario sucede cuando se sigue una sola vía. Por ejemplo, cuando sólo se opta por comités de expertos no elegidos, el resultado es un gran cuestionamiento al texto producido por no responder a la voluntad del pueblo. Cuando el Parlamento redacta por sí solo un nuevo texto, se tiende a cuestionar su legitimidad, por cuanto ese texto reflejaría la dinámica de poder político del momento, en lugar de crear un marco de entendimiento de largo plazo. O cuando la redacción de un texto la realiza un órgano constituyente en solitario (nuestro proceso reciente), se corre el riesgo de obtener un texto carente de delicadeza técnica y jurídica, presa de pulsiones y dinámicas transaccionales del momento.

Un resultado mucho más positivo se gatilla al recurrir a varios órganos en distintas fases del proceso. Por ejemplo, cuando un grupo de expertos elabora definiciones iniciales que luego guían a un órgano electo o a un órgano parlamentario -permitiendo cierta participación pública en todas las fases por parte de todos los órganos-, estos riesgos pueden mitigarse, ya que los distintos órganos compensan las deficiencias de los demás. En el caso chileno, dicha participación pública, entendiendo la urgencia de contar con un proceso que pueda culminar durante 2023, podría establecerse a través de formatos online y participación presencial de organizaciones de la sociedad civil en determinadas discusiones y materias. Ello, junto a un plebiscito de salida.

Si los actores políticos negociadores de nuestro nuevo proceso quieren salir del atolladero actual, deberán abandonar sesgos y trampas autoimpuestas, y analizar casos de diálogo entre el Ejecutivo, expertos independientes, Parlamento y opinión pública (Kenia); o de órganos constituyentes obligados a cumplir con acuerdos previamente tomados por representantes políticos, y luego asistidos o validados por ayuda externa, comités de expertos más pequeños y espacios de participación popular que garanticen un trabajo consensuado y legítimo (Zimbawe y Sudáfrica).